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Evaluación de Impacto Ambiental - EIA

A través de las actuaciones de evaluación de impacto se localizan y determinan los riesgos de daños ambientales que se pueden derivar de cualquier actividad que se desarrolle. Hay que destacar que uno de los pilares básico de la política ambiental es la prevención; la mejor manera de actuar en materia ambiental es evitando el mal, evitando actuar a posteriori combatiendo los efectos perniciosos de una actividad.

El documento básico para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), documento técnico que se realiza para valorar los impactos ambientales de un proyecto o actividad. Este documento analiza los riesgos ambientales que puedan derivar del proyecto teniendo en consideración el espacio natural donde esté enclavado.

Para caracterizar el entorno y evaluar los potenciales riesgos medioambientales, se desarrollan actuaciones destinadas a describir el medio y su relación con el proyecto. Dentro de estas actuaciones podemos encontrar los estudios de botánica y corología, censo de aves y quirópteros, estudios acústicos, estudios de poblaciones o bionómicos, estudios de impacto visual y paisajístico, o análisis de efecto parpadeo (efecto “flickering”), entre otras.

Las evaluaciones de impacto ambiental son un claro ejemplo del continuo avance normativo que se produce en esta materia. Así podemos observar la evolución normativa que se ha producido: desde aquel Real Decreto Legislativo 1302/1986, y Reglamento 1131/1988, los cuales fueron modificados sustancialmente por el Real Decreto Legislativo 9/2000 (que traspuso la Directiva Europea 97/11/CEE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997); pasando por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que aprobaba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Todas estas normas han sido una evolución hasta la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (publicada en el BOE de 11 de diciembre de 2013), el 12 de diciembre de 2013, la cual plantea sustanciales novedades en cuanto a los procedimientos.

Una evolución normativa continuamente impulsada por la necesidad de adaptación de nuestro ordenamiento a las frecuentes novedades legislativas provenientes de los Organismos Internacionales, en especial la Comunidad Europea. La vigente Ley 21/2013 es la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.