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Constitución de garantía financiera según Ley 26/2007, de 23 de octubre


Desde el día de ayer es exigible la garantía financiera a todas aquellas actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, clasificadas con nivel de prioridad 1.

Con la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, se cumplió con lo establecido en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, fijando la fecha a partir de la cual sería exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria prevista en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, clasificadas con nivel de prioridad 1 y con nivel de prioridad 2 conforme al anexo de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Mediante la adopción de esta Orden Ministerial se cumple con lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, que establece que la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III se determinará por Orden Ministerial.

Esta orden establece que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberán disponer de una garantía financiera, un año después de la fecha de entrada en vigor de esta orden y las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 deberán disponer de una garantía financiera, dos años después de la fecha de entrada en vigor de la misma. Lo que supone que para las primeras será exigible a partir del 31 de octubre de 2018.

El artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece que los operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la ley, sin perjuicio de las exenciones previstas en su artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretenden desarrollar. La fijación de la cuantía de esta garantía financiera partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad, que se realizarán de acuerdo a la metodología que se recoge Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.